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Política autonómica
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Redacción. CABRA. El Partido Popular de Andalucía ha puesto en marcha a través de la conocida página Change.org una campaña de recogida de firmas que está a punto de alcanzar los 25.000 respaldos, destinada a  solicitar al gobierno socialista de Susana Díaz la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones.

Un impuesto que desde el PP se considera “injusto” y fomenta el éxodo de contribuyentes a otras comunidades autónomas. Y es que según los populares, cada año, miles de andaluces renuncian a su herencia por no poder hacer frente al pago de este impuesto.

Y ponen de ejemplo en la campaña que un andaluz de 40 años, soltero, sin hijos, en paro y sin patrimonio alguno que herede de sus padres un inmueble valorado en 200.000 euros debe pagar por ello 28.250 euros, mientras que esa misma persona, en la Comunidad de Madrid, sólo tributaría 282 euros, cien veces menos.

Así, desde el PP andaluz se ha exigido la supresión de este impuesto de manera progresiva para herencias entre familiares de primer grado, al igual que ya se ha hecho en otras autonomías, como la Comunidad de Madrid, para evitar que los andaluces sigan sufriendo esta desigualdad con respecto a otros españoles.

Por otra parte, la Junta de Andalucía ha salido hoy al paso de lo denunciado en la campaña para lo cual ha remitido una nota de prensa donde se dice que el Gobierno central ha dispuesto de cuatro años de legislatura para plantear su eliminación y aprobarla utilizando la mayoría absoluta que tenía en el Congreso de los Diputados. No obstante, la Junta de Andalucía, en virtud del compromiso de investidura de la presidenta Susana Díaz, está abordando un análisis del impuesto que permita reformarlo y mejorar su progresividad para corregir el error de salto y proteger a las clases medias y trabajadoras. 

90 por ciento de los cordobeses exentos

Según la información difundida en la nota de la Junta, el 90% de los cordobeses que recibieron herencias en 2015 quedaron exentos de abonar el Impuesto de Sucesiones, según los datos oficiales de la Agencia Tributaria de Andalucía. Por tanto, del total de 30.116 autoliquidaciones presentadas en la provincia, 27.187 herederos no abonaron nada y 2.929 tuvieron que pagar.

El comunicado prosigue añadiendo que en el conjunto de Andalucía, sólo un 7% de las autoliquidaciones presentadas obligaron al pago, esto es, de los 267.553 andaluces que presentaron la declaración del Impuesto sobre Sucesiones, 248.066 no tuvieron que pagar nada por heredar y únicamente 19.487 salieron a abonar, que se corresponden a las rentas y patrimonios más elevados. En el caso específico de herencias de padres a hijos, sólo un 3% tuvo que pagar por su herencia. 

En los supuestos de renuncia a la herencia, el principal motivo aducido fue que el bien heredado tenía cargas hipotecarias o deudas elevadas que el heredero no estaba en condiciones o prefería no asumir. Es decir, que las deudas de la herencia eran mayores que los beneficios.

Respecto a la movilidad entre comunidades autónomas y provincias, los datos ponen de manifiesto que obedece a motivos laborales y no a la presión fiscal. Así en 2014, los contribuyentes andaluces que cambiaron de domicilio en los dos años previos a la tributación por el Impuestos sobre Sucesiones fueron un 0,11%, en concreto 81 personas. De ellas, sólo 17 personas trasladaron su domicilio a Madrid.

as oficinas de Córdoba en las que se presentaron declaraciones de herencia en las que resultó alguna cantidad a pagar fueron la Gerencia Provincial de Córdoba (1.069 autoliquidaciones) y las oficinas liquidadoras de Pozoblanco (289), Cabra (184), Posadas (177), Lucena (152), Hinojosa del Duque (133), Fuente Obejuna (130), Priego de Córdoba (113), La Rambla (106), Aguilar de la Frontera (98), Rute (98), Bujalance (92), Montoro (81), Montilla (77), Baena (72) y Castro del Río (55).

Sucesiones es un impuesto ligado al sistema de financiación autonómica, que el Estado cedió a las comunidades autónomas como parte del modelo para que financiaran la educación y la sanidad. De ahí que el Gobierno andaluz considere que “no puede eliminarse el impuesto sin disponer de otra fuente alternativa de recursos y sin reformar el modelo de financiación autonómica que perjudica a Andalucía, porque sería una medida que sólo beneficiaría a los más ricos”.

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